Martha Idalia Obeso Cázares

En defensa de la Constitución

Con mi pesar y respeto por las familias de Jorge Alexis Herrera Pino,

Gabriel Echeverría de Jesús y Gonzalo Miguel Rivas Cámara

Durante los días recientes se dio una cascada de manifestaciones de respaldo al gobernador, defendiéndolo de fantasmales acechanzas supuestamente involucradas en el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa.
No creo que el gobernador necesite ese apoyo, pues su mejor y única defensa ante las acusaciones por el caso de los dos estudiantes asesinados por policías el 12 de diciembre deberá partir de la rigurosa institucionalidad con la cual se haya conducido él y su gobierno frente a las protestas de los normalistas.
La cargada política no puede tener cabida en un gobierno genuinamente de izquierda. Por otra parte, ni los principios constitucionales de respeto a la vida ni la justicia pueden ponerse por debajo de los intereses coyunturales de un gobierno.
Guerrero ha sido el escenario de una larga lucha por la justicia y contra la impunidad, y ahora que el gobierno proviene de un partido de izquierda, es momento de honrar esa historia, con congruencia y sin caer en la tentación de recurrir a recetas del pasado para encubrir lo que es un crimen inaceptable.
La muerte de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús debe ser aclarada sin miramientos de ninguna especie por las autoridades, y recabada las pruebas el Poder Judicial debe imponer las sanciones que correspondan. Nadie puede apartarse de la ley, y nadie debe someter la ley a sus intereses.
El lamentable fallecimiento del trabajador de la gasolinera Eva II, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, a quien el gobierno del Estado rindió homenaje en reconocimiento a su valor, viene a sumarse a las sentidas pérdidas de los dos estudiantes y no habla bien del gobierno que en el mismo acto donde merecidamente honra al trabajador  fallecido, simultáneamente se aproveche  para denostar a los estudiantes y se pida el cierre de la Normal Rural de Ayotzinapa. Si en verdad hay interés de restablecer la concordia y la paz en el estado, deben deponer esa actitud y dar entrada a la justicia plena.
Creo que no hay justificación para que un gobierno o corporación policiaca emprenda esa violencia contra una protesta civil, por muy aguerrida o imprudente que ésta sea. No me parece admisible que se hable de un “enfrentamiento”. Se ha dicho también que pudo ser un acto orquestado para desestabilizar al gobierno; en la eventualidad de que hubiera sucedido, eso no lo exime de responsabilidad pues  siempre debe garantizar la gobernabilidad  y la paz. No podemos eludir la realidad de los hechos y pretender ocultar la violencia del Estado contra civiles desarmados.
Es lamentable que una vez ocurridos los hechos con un saldo de tres muertes, haya  transcurrido ya casi un mes y nada se sabe del avance de las investigaciones. Es urgente y necesario dar respuesta a la exigencia social de esclarecer los acontecimientos, establecer las responsabilidades y empezar a castigar a los autores de esos asesinatos y de la represión y tortura contra otros estudiantes.
La intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su nuevo papel de investigar por su cuenta lo que sucedió el 12 de diciembre, ha sido porque los intereses políticos fueron antepuestos al principio de la justicia pronta y expedita, lo que confirma que las instancias locales de procuración de justicia siguen en deuda con la sociedad que votó por un  cambio.
Los dos estudiantes victimados no tenían porqué morir baleados mientras exigían mejores prestaciones para su escuela, es también absurda la muerte del trabajador de la gasolinera, pero ante todo, es inadmisible que esto ocurriera por la desatención y la falta de oficio político del gobierno.
Las lecciones de la represión nunca han sido asumidas por los grupos en el poder.  Ha sido más bien al contrario, que cada hecho represivo se suma a la tradición de autoritarismo que caracteriza a los gobiernos de Guerrero, alimentando así la constante criminalización del movimiento social. Hoy, el asesinato de los normalistas  es un recordatorio claro de que Guerrero no puede postergar más la modernización de sus corporaciones policiacas, ni el gobierno aplazar el establecimiento de un compromiso con el respeto a los derechos humanos. No se pide un imposible; sólo el cumplimiento de las obligaciones y deberes que señala la Constitución. Si la Carta Magna hubiera sido respetada, no habrían ocurrido estas muertes.